El COLEF Andalucía ha enviado un escrito oficial a las consejerías de Salud y Familias y de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, así como a las consejerías de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el que se solicita que los servicios de actividades físico-deportivas ofertados por profesionales cualificados sean considerados servicios esenciales.
En este sentido, el texto recuerda que las administraciones públicas de Andalucía deben adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de la ciudadanía recogidos, por un lado, en la Ley 5/2016 de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía, y la consideración del deporte como actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud, dirigiendo la práctica deportiva al desarrollo integral de la persona y a la consecución de valores, tales como la adquisición de hábitos saludables en las personas y la mejora de la salud pública, la difusión de la cultura del deporte como factor educativo y formativo del ser humano, la dimensión económica que contribuye al desarrollo del bienestar social aumentando la calidad de vida y propiciando condiciones de empleo, la generación de actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que se revelan como elementos para la cohesión e integración en una comunidad avanzada. Y, por otro, en el artículo 1.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, siendo su práctica, como así recoge el citado texto legal, importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad.
En estos tiempos complicados, tal y como señala la carta firmada por Alejandro Serrano, presidente del COLEF Andalucía, las instituciones y entidades con responsabilidad pública debemos contribuir al mantenimiento y desarrollo del sector deportivo: "Está en juego la supervivencia de los agentes que hacen posible la práctica de actividad física y deportiva".
Y es que, entre otros aspectos, ha de recalcarse la evidencia contrastada de que el sector deportivo supone una incidencia ínfima de contagio, tal como se pone de relieve desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente del Ministerio de Sanidad en su informe 230 del 16 de Octubre de 2020, en el que se informa que las actividades deportivas han reportado 24 brotes acumulados, es decir, un 0,28% sobre el total (8.488 brotes), porcentaje que disminuye si se analiza según los casos, 179 en actividades deportivas, que sobre el total representa un 0,22%, la Administración Pública debería aprovechar los efectos inmunomoduladores del ejercicio favorablemente contra este virus.
A esto se le suma cómo la ciencia, como se ha demostrado a través de diversos estudios científicos internacionales, también está ilustrando la capacidad del ejercicio físico para contribuir a la lucha contra la pandemia por COVID-19: en lo que respecta a la prevención de este virus en concreto, fue lo primero que se promovió (Simpson y Katsanis, 2020). Además, diferentes condiciones patológicas crónicas, cuya prevención y pronóstico se ha demostrado que mejoran con ejercicio físico (Booth, Roberts y Laye, 2012; Pedersen y Saltin, 2015), parecen tener mayor riesgo de complicaciones en el caso de enfermar de COVID-19.
Sumado a lo anterior, un estudio publicado este mes de octubre en la prestigiosa revista Mayo Clinic Proceedings, señala que «La capacidad máxima de ejercicio se asocia de forma independiente e inversa con la probabilidad de hospitalización por COVID-19. Estos datos respaldan aún más la importante relación entre la aptitud cardiorrespiratoria y los resultados de salud» (Brawner y cols., 2020). Por ello, tal y como señalan Codella y colaboradores (2020), los efectos inmunomoduladores del ejercicio deben aprovecharse favorablemente contra la COVID19
En lo que se refiere a las personas que han superado la COVID-19, las investigaciones están empezando a sugerir que su función cardiopulmonar puede haberse visto afectada en cierta forma, incluso en aquellas no hospitalizadas. Es por esto que los investigadores especialistas en Ciencias del Deporte Heffernan, Ranadive y Jae (2020) señalan que el ejercicio puede ser una herramienta coadyuvante a los tratamientos farmacológicos debido a sus efectos sobre el receptor celular PPARα y la función endotelial vascular. Todo lo expuesto induce a que la Administración Pública debería promover la práctica físico deportiva en entornos seguros (Denay y cols. 2020). En primer lugar, porque es beneficiosa para la salud de la población y, en segundo lugar, porque en España se acaba de demostrar que sus actividades asociadas proveen un porcentaje de contagios muy bajo (CCAES, 16/10/2020).
"Se puede afirmar que las instalaciones se han convertido en espacios seguros gracias a las fuertes inversiones realizadas y al compromiso con la salud de los actores implicados. En la educación física, la actividad física y el deporte, los/as profesionales están implementando todas las medidas posibles para minimizar los riesgos de contagio (distancia de seguridad, mascarillas, adaptación de las actividades e intensidades, medidas de higiene, etc.)", se explica en el escrito.
En este contexto, el COLEF Andalucía solicita a la Administración andaluza la facilitación a la ciudadanía del derecho a la actividad física y deportiva como una de las medidas complementarias, además de las estrictas sanitarias, para poder combatir el coronavirus, tal como resume el eslogan: "La actividad física no es un problema, es parte de la solución".
Sin embargo, para lograr estos objetivos, son indispensables un conjunto de ayudas económicas de aplicación inmediata, no aplazadas en el tiempo, ni sólo de carácter financiero, sino con aportaciones directas. De ahí que el colegio solicite a las administraciones, asimismo, un plan de ayudas directas a las entidades y a las empresas del sector deportivo, tanto para asumir costes de seguridad e higiene (material sanitario e higiénico...), así como de viabilidad económica (alquileres, aplazamiento de impuestos...), con carácter inmediato.
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