El sector traslada sus prioridades ante el 29N y abre la puerta a una agenda compartida para la próxima legislatura

El encuentro organizado por el Consejo COLEF y AEESDAP, junto con diez entidades colaboradoras, permitió trasladar las principales demandas de la Educación Física, la actividad física y el deporte a Vicente Azpitarte, coordinador nacional de deportes del Partido Popular. La reunión, adaptada a un formato de trabajo ante las dificultades para reunir a las distintas formaciones políticas convocadas, abordó compromisos legislativos, fiscales e institucionales y puso de manifiesto coincidencias que podrían servir de base para una futura colaboración sectorial.
La educación física, la actividad física y el deporte afrontan desafíos que trascienden el ámbito de la competición y requieren actuaciones coordinadas en materia de salud, educación, investigación, empleo, economía y prestación de servicios a la ciudadanía. Con el propósito de situar estas cuestiones en el debate político ante las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo COLEF y la Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) organizaron el pasado 18 de noviembre, en Madrid, el encuentro «El deporte ante el 29N: propuestas y compromisos para la próxima legislatura», junto con otras diez entidades colaboradoras.
La convocatoria original contemplaba la participación de cinco formaciones políticas, invitadas en igualdad de condiciones para presentar sus propuestas electorales y responder a las prioridades del sector. Sin embargo, las dificultades de agenda y los cambios de disponibilidad impidieron reunir la representación inicialmente prevista. Ante estas circunstancias, se acordó mantener el espacio de interlocución con Vicente Azpitarte, coordinador nacional de deportes del Partido Popular, adaptando la jornada a una reunión técnica de trabajo.
La sesión conservó su propósito de facilitar la exposición autónoma de las prioridades de cada organización y propiciar un intercambio directo con la representación política presente. Mediante dos rondas de intervenciones, desarrolladas con participación presencial y telemática y retransmisión en directo, las entidades pudieron presentar sus reivindicaciones, formular preguntas y conocer las respuestas de Azpitarte, sin que su participación implicara adhesión a los planteamientos de la formación política.
UNA AGENDA AMPLIA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL SECTOR
La diversidad de organizaciones participantes permitió abordar las políticas físico-deportivas desde perspectivas académicas, científicas, profesionales, empresariales, sindicales, estudiantiles, federativas y de gestión. Aunque cada entidad trasladó sus propias prioridades, las intervenciones evidenciaron preocupaciones recurrentes, especialmente en materia de seguridad jurídica, financiación, empleo, investigación y participación institucional.
La ordenación profesional y el desarrollo normativo constituyeron uno de los asuntos más reiterados. La Conferencia Española de Centros y Facultades en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Conferencia CAFyD) reclamó una ley estatal de profesiones que establezca reservas profesionales acordes con la formación universitaria, acompañada de las correspondientes condiciones académicas. También solicitó preservar el reconocimiento de las competencias propias de CAFyD y evitar equiparaciones injustificadas entre las cualificaciones universitarias y las de Formación Profesional.
Desde la perspectiva estudiantil, la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECAFYDE) insistió en la incertidumbre profesional del alumnado, la necesidad de regular el ejercicio profesional y las diferencias detectadas entre los planes de estudios universitarios. Asimismo, planteó el reconocimiento de las competencias de CAFyD en el ámbito de la salud, la mejora de las condiciones laborales, el incremento de la Educación Física escolar y las garantías de inclusión y continuidad de la práctica deportiva de las personas trans.
La Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) centró buena parte de su intervención en el desarrollo reglamentario pendiente de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. Recordó la existencia de trabajos jurídicos elaborados y entregados al Consejo Superior de Deportes en 2023 y defendió la conveniencia de aprovechar y reformar el marco vigente, en lugar de sustituirlo íntegramente. También destacó la importancia de la futura regulación profesional, el mecenazgo y la normativa de las estaciones de esquí.
La fiscalidad, la financiación y la sostenibilidad económica protagonizaron numerosas aportaciones. AEESDAP solicitó recuperar el IVA reducido del 10 % para los servicios deportivos y planteó la posibilidad de un tratamiento fiscal más favorable para determinadas prestaciones vinculadas a la salud. También defendió las deducciones en el IRPF para facilitar el acceso a la práctica físico-deportiva y una revisión de los códigos CNAE que permita identificar adecuadamente las diferentes actividades económicas del sector y disponer de información estadística más precisa. Además, reclamó que el Consejo Superior de Deportes prestase una atención más amplia a sus responsabilidades relacionadas con la actividad física.
La Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR) defendió una fiscalidad adaptada a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, el apoyo a la renovación de instalaciones y la eficiencia energética, así como medidas laborales y formativas para profesionalizar su gestión. Insistió también en la función social de los clubes, su participación en programas vinculados a la salud y la importancia de mantener las bonificaciones que favorecen el empleo en el deporte de base.
Por su parte, la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas (CUFADE) trasladó un documento con 32 propuestas, entre las que figuraban la financiación federativa, el retorno de recursos de la Quiniela al sistema deportivo, las bonificaciones de Seguridad Social, el mecenazgo, el seguro obligatorio deportivo y la protección de menores. También expuso iniciativas para extender mecanismos de apoyo jurídico y de gestión a entidades sin ánimo de lucro, así como un sello de entidad deportiva ética basado en la formación, el buen gobierno, el cumplimiento normativo y la protección de la infancia.
La Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) organizó sus propuestas alrededor de la financiación y la fiscalidad, la seguridad jurídica y la gobernanza, la salud y la cohesión social, y las infraestructuras y la innovación. Entre sus planteamientos destacaron un bono deportivo para favorecer la práctica durante la adolescencia, el refuerzo presupuestario de las administraciones, la profesionalización de la gestión, una estrategia de envejecimiento activo, la utilización comunitaria de instalaciones escolares, la atención al medio rural y un plan estatal de renovación de instalaciones deportivas.
Las condiciones laborales también ocuparon un lugar destacado. Comisiones Obreras (CCOO) advirtió de la elevada parcialidad y la inestabilidad de las jornadas en los servicios deportivos, así como del desgaste físico asociado a determinados puestos de trabajo. Reclamó evaluaciones de riesgos adecuadas a las características de estas actividades, reconocimiento de enfermedades profesionales, adaptación de puestos con el avance de la edad, posibilidades de jubilación anticipada y formación continua. Respecto a la ordenación profesional, defendió que debía aportar seguridad sin provocar destrucción de empleo.
En el ámbito científico, la Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD) reclamó consolidar un área específica para las Ciencias del Deporte en la gestión de la investigación estatal, recuperar su consideración como ámbito prioritario en los planes nacionales de investigación y reforzar las convocatorias de investigación y transferencia del CSD. Asimismo, destacó la necesidad de promover la investigación e innovación en las federaciones deportivas y ampliar el apoyo científico a ámbitos como la salud, la educación física, la gestión y el rendimiento deportivo.
Por su parte, la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (ACAFDE) presentó dieciocho retos relacionados con la inteligencia artificial, la investigación, la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad, el envejecimiento, la Educación Física y la salud, entre otros asuntos. También trasladó la necesidad de avanzar en el reconocimiento institucional de la Academia y anunció la celebración de su primer congreso nacional en 2027.
Desde el turismo activo y el ecoturismo, la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE) expuso las dificultades que genera la dispersión normativa entre comunidades autónomas, municipios y espacios naturales protegidos. Solicitó medidas de armonización y simplificación administrativa, una fiscalidad adecuada a la actividad y soluciones proporcionadas ante las restricciones derivadas de alertas meteorológicas, que afectan especialmente a pequeñas empresas y al empleo. También reivindicó la contribución de estas actividades a la sostenibilidad, la desestacionalización turística y el desarrollo económico local.
En conjunto, las intervenciones mostraron que organizaciones con responsabilidades diferentes comparten numerosos desafíos, aunque no necesariamente defiendan las mismas soluciones. Esa diversidad de planteamientos resultó especialmente relevante para identificar posibles ámbitos de colaboración.
EL CONSEJO COLEF RECLAMA UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE ALCANCE A TODA LA CIUDADANÍA
En representación del Consejo COLEF, su presidente, Vicente Gambau, defendió la necesidad de superar una concepción de las políticas deportivas excesivamente concentrada en el deporte competitivo institucionalizado, de élite y espectáculo, para atender también a las necesidades de las personas que realizan ejercicio físico y práctica deportiva en otros contextos.
Recordó que el artículo 43.3 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos el fomento de la educación física y del deporte, y destacó que este mandato requiere políticas que favorezcan una vida activa durante todas las etapas vitales, con servicios accesibles, seguros y adecuados a las diferentes necesidades de la población.
En materia de ordenación profesional, reclamó que la futura regulación establezca una correspondencia coherente entre las cualificaciones exigibles, la complejidad de los servicios, sus objetivos y las características de las personas destinatarias. Asimismo, planteó la necesidad de una gobernanza transversal, capaz de integrar actuaciones de educación, sanidad, empleo, universidad y economía, garantizando la participación efectiva de las organizaciones sectoriales en los procesos de decisión.
Estas aportaciones se enmarcan en los dos documentos presentados por el Consejo COLEF ante el 29N, que reúnen 26 medidas para impulsar la Educación Física como política de Estado y una agenda de reformas pendientes para la próxima legislatura.
AZPITARTE ANUNCIA INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y RESPONDE A LAS PROPUESTAS DEL SECTOR
Durante sus intervenciones, Vicente Azpitarte expuso las principales líneas de actuación que el Partido Popular pretende impulsar en caso de asumir responsabilidades de gobierno, combinando anuncios normativos, propuestas de financiación, compromisos de interlocución y cuestiones que consideró necesario estudiar con mayor detenimiento.
En materia legislativa, anunció la intención de promover una nueva Ley del Deporte, para la que afirmó que su formación ya dispone de un borrador avanzado, elaborado con la participación de un equipo de especialistas. Explicó que, una vez completado internamente, se compartiría con las organizaciones del sector para incorporar aportaciones. Frente a la posición expresada por la AEDD, defendió la elaboración de una nueva norma en lugar de limitarse a reformar la vigente, si bien manifestó su interés por conocer los trabajos reglamentarios realizados anteriormente.
Otro de los anuncios centrales fue el compromiso de impulsar una ley estatal de profesiones del deporte en el menor tiempo posible y mediante el diálogo con las organizaciones implicadas, con el propósito de proporcionar seguridad jurídica y combatir el intrusismo. También se refirió a la necesidad de abordar los desarrollos normativos pendientes, entre ellos la reforma del seguro obligatorio deportivo y el estatuto de la persona deportista.
En relación con la financiación, anunció iniciativas vinculadas al mecenazgo, el micromecenazgo y el patrocinio deportivo, así como un plan estatal de infraestructuras que permita modernizar instalaciones en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales. Entre las propuestas territoriales y sectoriales incluyó una estrategia estatal de turismo deportivo, una ley de estaciones de esquí y un plan náutico para las comunidades autónomas con litoral. En respuesta a ANETAE, expresó también su voluntad de avanzar hacia una mayor homogeneidad normativa y una reducción de las cargas regulatorias.
La reducción del IVA fue una de las cuestiones sobre las que Azpitarte precisó con mayor detalle el alcance de su compromiso. Reconoció que el incremento de este impuesto en 2012 se produjo durante un Gobierno del Partido Popular y consideró conveniente recuperar un tratamiento fiscal más favorable para los servicios deportivos. Sin embargo, aclaró que no podía garantizar la medida sin la participación del área de Hacienda de su formación y el correspondiente análisis del marco tributario europeo. Su compromiso expreso fue defender la propuesta y trabajar con las áreas competentes para valorar su viabilidad.
En materia de investigación, recogió las demandas de la AECD y la Conferencia CAFyD, manifestando su intención de apoyar el reconocimiento específico de las Ciencias del Deporte, reforzar las convocatorias y estudiar fórmulas que permitan una mayor participación de las entidades científicas en la ejecución de proyectos de investigación. También expresó su disposición a trabajar sobre las propuestas de coordinación entre investigación universitaria y federaciones deportivas.
Otras iniciativas, como el bono deportivo planteado desde el ámbito de la gestión y las federaciones, o la utilización de recursos procedentes de la Quiniela para reforzar la financiación del sistema deportivo, fueron valoradas como propuestas de interés que se incorporarían al estudio de futuras medidas.
Respecto a la estructura institucional, Azpitarte planteó una reforma del Consejo Superior de Deportes y defendió la necesidad de mejorar el diálogo con las organizaciones sectoriales y la coordinación con otras áreas gubernamentales. Ante la pregunta del Consejo COLEF sobre la transversalidad de las políticas públicas, señaló que su formación no contemplaba como prioridad la creación de un ministerio dedicado exclusivamente al deporte, sino la designación de responsables políticos con conocimiento del sector y capacidad para impulsar actuaciones coordinadas desde diferentes departamentos. No concretó, sin embargo, la creación de un órgano estable de participación que respondiera a la cuestión planteada por Gambau.
No todas las solicitudes obtuvieron compromisos definitivos. Ante las cuatro cuestiones formuladas por la Conferencia CAFyD, Azpitarte asumió compromisos de impulso en investigación y regulación profesional, pero manifestó expresamente que necesitaba estudiar las relativas a la relación competencial con otras profesiones y a la diferenciación entre universidad y Formación Profesional antes de adoptar una posición.
En cuanto a las reivindicaciones laborales, expresó disposición a trasladar determinadas cuestiones al área correspondiente de su formación, aunque no concretó medidas sobre varias de las solicitudes de CCOO relativas al personal que presta servicios deportivos. En el intercambio se puso de manifiesto, además, la necesidad de diferenciar la situación de las personas deportistas profesionales de la del personal que desarrolla su actividad laboral en instalaciones y servicios deportivos.
El representante del Partido Popular expuso igualmente la posición de su formación sobre la participación en categorías competitivas femeninas, una cuestión distinta de la pregunta planteada posteriormente por ANECAFYDE sobre las garantías de continuidad de la práctica deportiva de las personas trans, que no obtuvo una respuesta específica.
El encuentro permitió, por tanto, conocer compromisos políticos de diferente alcance y mantener abiertas cuestiones que requerirán posteriores interlocuciones, concreción normativa y seguimiento.
LAS COINCIDENCIAS DETECTADAS ABREN LA POSIBILIDAD DE UNA AGENDA SECTORIAL COMPARTIDA
Una vez finalizada la reunión con Vicente Azpitarte y concluida la retransmisión, varias de las organizaciones que permanecían presencialmente continuaron el encuentro en un espacio de conversación sectorial, sin participación política.
La reflexión posterior partió de una constatación surgida durante la mañana: entidades con ámbitos de representación y responsabilidades diferentes habían formulado numerosas reivindicaciones coincidentes. La financiación, la seguridad jurídica, la profesionalización, la investigación, la participación institucional y la necesidad de políticas públicas más amplias aparecían reiteradamente en las intervenciones, aunque desde perspectivas y con propuestas no siempre idénticas.
En ese contexto, las entidades que participaron en esta conversación plantearon la conveniencia de explorar la elaboración de un documento de mínimos compartidos, que pudiera servir como punto de partida para una eventual alianza sectorial y una hoja de ruta de prioridades para la próxima legislatura. Su desarrollo requerirá identificar objetivos verdaderamente compartidos, respetar la autonomía de cada organización y abrir nuevos espacios de participación y diálogo.
La iniciativa promovida por el Consejo COLEF y AEESDAP concluyó así con dos resultados complementarios: la interlocución directa con la formación política que finalmente pudo participar y la identificación de oportunidades para fortalecer la cooperación entre organizaciones que comparten numerosos desafíos.
Con independencia del resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre, las necesidades de la educación física, la actividad física y el deporte seguirán requiriendo políticas públicas sostenidas, decisiones fundamentadas y colaboración institucional. El encuentro permitió trasladar una agenda diversa y abrir una conversación sobre cómo avanzar hacia objetivos compartidos sin renunciar a la identidad ni a las responsabilidades propias de cada entidad.
Fuente: Consejo COLEF



